Señor
Juan Manuel Santos
Presidente de la Republica de Colombia y demás autoridades
nacionales e internacionales
Diciembre-01-2010
Hasta cuando señor Presidente
ACCIÓN
URGENTE
DENUNCIA INTERNACIONAL
Denuncia Internacional
ASESINADO
LIDER COMUNITARIO EN COLOMBIA
Viernes
26 de noviembre de 2010La Comisión Colombiana de Juristas
y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz repudian
el asesinato de Óscar Maussa, líder de la comunidad
campesina desplazada que luchaba por la restitución de
tierras usurpadas por grupos paramilitares en Urabá(Costa
norte de Colombia)
Ayer 24 de noviembre fue asesinado en la vereda Cañito
del municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar) Óscar
Maussa, líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios
de Blanquicet (Cootragroblan). Su cuerpo fue hallado en su finca,
“La Poza del Guamo”, por un trabajador. Él
estaba bocabajo con las manos atadas y habría muerto
por un golpe contundente que le dieron en la cabeza con un objeto.
Además, se encontró que las pertenencias en la
casa de Óscar habían sido registradas.
Óscar y otros miembros de Cootragroblan adelantaban acciones
de reclamación de tierras, representados por la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz y por la Comisión Colombiana
de Juristas, a través de varios procedimientos judiciales,
incluyendo los establecidos en la ley 975 de 2005. El caso de
la Cooperativa se tramita actualmente en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
AntecedentesEntre 1996 y 1998 fueron desplazadas forzadamente
por paramilitares, para apropiarse de sus tierras, numerosas
familias del corregimiento de Blanquicet del municipio de Turbo
(Antioquia). Entre ellas, fueron desplazadas las 12 familias
socias de Cootragroblan.
El 23 de mayo de 2005, el Fiscal Seccional 72 de Chigorodó
ordenó la restitución del bien inmueble “La
Esperanza” a sus legítimos propietarios de Cootragroblan.
Sin embargo, las amenazas por parte de los grupos paramilitares
presentes en la zona impidieron que los socios de Cootragroblan
retornaran a sus tierras.
El 1º de septiembre de 2006 la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos –CIDH- dictó medidas cautelares
a favor de las familias Maussa, Rodríguez, Bravo Pertuz
y Tordecilla Cordero, miembros de Cootragroblan, quienes manifestaron
temor ante posibles represalias por no ceder ante las presiones
de los paramilitares que tomaron posesión de sus tierras
y por haber activado el proceso judicial para lograr la restitución
de la propiedad[1].
El 6 de octubre de 2007, en el municipio de Turbo (Antioquia),
Óscar Maussa fue amenazado de muerte por el paramilitar
conocido como “Julio Ospino”[2], miembro de las estructuras
paramilitares que continúan operando en la región
del Urabá, bajo las denominaciones de “Renacer”
o “Convivir”, “Águilas Negras” y
“Autodefensas Gaitanistas”, y por ello se vio obligado
a desplazarse nuevamente fuera del Urabá antioqueño.
Como consecuencia del proceso penal que se abrió por
la denuncia que presentó Óscar Maussa, el 5 de
octubre de 2010, el Fiscal 36 de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Medellín,
ordenó la detención preventiva de Ramiro Enrique
Álvarez Porras, alias “Napo” o “Móvil
8”, como coatuor de los delitos de concierto para delinquir
con fines de paramilitarismo, desplazamiento forzado e invasión
de tierras y edificios.
La Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión
Interereclesial de Justicia y Paz rechazan y denuncian este
crimen e instan al Gobierno nacional a dar pleno cumplimiento
a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y, en consecuencia, brindar todas las garantías
necesarias, especialmente para la protección de la vida
e integridad personal de las familias que integran la Cooperativa.
Estas mismas garantías deben ofrecerse a todas las personas
que están reclamando la restitución de sus tierras.
Igualmente, instan a la Fiscalía General de la Nación
para que adelante inmediatamente las investigaciones necesarias
y pertinentes para individualizar a los responsables del homicidio
de Óscar Maussa. También hacen un llamado al Gobierno
nacional para que adopte acciones efectivas para neutralizar
a los grupos paramilitares que aún operan en el país.
Comisión Colombiana de JuristasComisión Intereclesial
de Justicia y Paz Bogotá, D.C., 25 de noviembre de 2010
Señor
Presidente: Los anteriores hechos son muy delicados, confirman
la gravedad de la situación de los derechos humanos y
la preocupación de la comunidad internacional hacia Colombia,
esto amerita medidas especiales de su gobierno para garantizar
el respeto a la vida, la libertady a los derechos fundamentales
de los/las ciudadanos y miembros de las organizaciones sociales
Esperamos
su pronta respuesta gracias.