Señor
Juan Manuel Santos
Presidente de la Republica de Colombia y demás autoridades
nacionales e internacionales
Junio-10-2011
Señor
Juan Manuel Santos.
Presidente de la Republica de Colombia
ACCIÓN
URGENTE
DENUNCIA
INTERNACIONAL
Amenazas
y seguimientos contra integrantes de la
Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz en Colombia
Hemos
recibido información alarmante sobre la actual situación
de seguridad de las personas integrantes de la organización
defensora de derechos humanos Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz (CIJP) con sede en Bogotá. Según
los últimos comunicados públicos, una vez más
los miembros de esta organización están siendo
víctimas de amenazas de muerte, difamaciones, seguimientos
y demás hostigamientos que perjudican altamente su labor
en defensa de los derechos humanos y atentan contra su seguridad
e integridad física.[1]
Quisiéramos
pedirle prestar una especial atención y tomar de inmediato
todas las acciones necesarias y previstas por la ley colombiana
para garantizar la seguridad e integridad física de Abilio
Peña, Danilo Rueda y el Padre Alberto Franco, destacados
defensores de derechos humanos de la CIJP que gozan de medidas
cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y hacia los cuales se han intensificado acciones
intimidatorias y difamatorias en las últimas semanas.[2]
Por
toda la información existente sobre la coyuntura que
rodea este caso, consideramos que parte de estas acciones en
contra de la CIJP se pueden relacionar con la labor de la organización
en favor de las comunidades de las cuencas de Curbaradó
y Jiguamiandó. De hecho, una de las amenazas de muerte
recibida a través de una llamada telefónica, hacía
clara referencia a los avances legales del proceso en contra
de empresarios palmeros bajo investigación por desplazamiento
forzado, invasión de áreas de especial importancia
ecológica y concierto para delinquir agravado en relación
con el despojo de las comunidades de las cuencas de los ríos
Curbaradó y Jiguamiandó.[3]
Asimismo
es de nuestro conocimiento que la situación ya sumamente
grave de las cuencas mencionadas está empeorando a medida
que avanzan las operaciones de censo previstas por el Auto del
18 de mayo 2010 de la Corte Constitucional de Colombia y coordinadas
por el Ministerio de Interior y Justicia en vista de la devolución
de las tierras. Las ocupaciones ilegales de los territorios
colectivos, amenazas, actos de violencia y alta presencia de
presuntos paramilitares (inclusive en zonas de jurisdicción
de la Brigada XVII del Ejercito) afectan gravemente la seguridad
de los habitantes de las cuencas y en particular a los habitantes
de las Zonas Humanitarias.
La
cadena y repetición de los incidentes ocurridos en este
último mes, incluyendo vigilancia, seguimientos y amenazas
no sólo en la zona rural sino también en la capital
del país, son la prueba de la gravedad de la situación.
Por lo tanto nos dirigimos a Usted para que reaccione de forma
rápida y contundente y lidere todas aquellas acciones
necesarias para la protección de la ciudadanía
colombiana, de la cual se debe responsabilizar el Estado colombiano.
Señor Presidente: Los anteriores hechos son muy delicados,
confirman la gravedad de la situación de los derechos
humanos y la preocupación de la comunidad internacional
hacia Colombia, esto amerita medidas especiales de su gobierno
para garantizar el respeto a la vida, a la libertad y a los
derechos fundamentales de las/os ciudadanos e integrantes de
las organizaciones sociales
Atentamente
Fdo.:
Juan Klett
Director
C.C.
Autoridades nacionales e internacionales
N.
U.
[1]http://www.protectionline.org/Varios-integrantes-de-la-Comision.html
[2]http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/015/2011/es/57cdfc2f-3b8b-49c9-b49a-082683c9b123/amr230152011es.pdf
[3]Por
despojo de campesinos en Chocó irán a juicio 15
personas, El Tiempo, 14 de abril de 2011.
Señor
Presidente: Los anteriores hechos son muy delicados, confirman
la gravedad de la situación de los derechos humanos y
la preocupación de la comunidad internacional hacia Colombia,
esto amerita medidas especiales de su gobierno para garantizar
el respeto a la vida, a la libertad y a los derechos fundamentales
de las/os ciudadanos e integrantes de las organizaciones sociales